España ha iniciado una nueva fase en la reparación de los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia católica con el lanzamiento de un programa diseñado para casos donde los agresores han fallecido o los delitos han prescrito. Este plan, aprobado por la Conferencia Episcopal Española y el gobierno, se implementa previo a la visita del papa León XIV y establece que el gobierno tendrá la última palabra sobre los pagos, buscando mayor transparencia y equidad.

El nuevo sistema propone que el Defensor del Pueblo, apoyado por un equipo independiente de expertos, revise cada caso y proponga una compensación simbólica, psicológica o económica. En caso de no llegar a un acuerdo con la Iglesia, el asunto pasará a un comité conjunto y, finalmente, la decisión recaerá en el Defensor del Pueblo. Esta medida responde a años de controversia y a un informe del Defensor del Pueblo de 2023 que estimó la existencia de cientos de miles de posibles víctimas en el país.

A pesar del avance, el programa enfrenta críticas. Algunas víctimas y organizaciones, como Bishop Accountability, señalan que el plazo para presentar reclamaciones es demasiado corto y que la falta de una escala de reparaciones basada en la gravedad del abuso podría generar inconsistencias. Mientras la Iglesia niega que el problema haya sido sistémico, el Estado insiste en que la supervisión externa es fundamental para evitar que la institución sea juez y parte en sus propios procesos de reparación.